La presidenta Cristina Kirchner hablaba en público y por una cadena de televisión ,mientras le ofrecía protección al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y conjeturaba que le daría "asilo" en la Casa Rosada.
Eso fue lo de menos. Lo más notable es que se preguntaba si alguna vez la provincia sureña había sido intervenida.
Lo primero fue que no supo describir a Santa Cruz como lo que fue hasta el 15 de junio de 1955, cuando la ley nacional 14.408, promulgada por el presidente Juan Perón, la convierte en provincia argentina, un territorio nacional.
La definió como "distrito federal" o "distrito nacional" y ni siquiera mencionó que fue Perón el que la hizo provincia, pero lo notable es que, además, afirmó que Santa Cruz nunca había sido intervenida como provincia.
Insegura, lo miró en búsqueda de aval al pintoresco gobernador Daniel Peralta, que -naturalmente- acató en silencio, aceptando que tal intervención nunca había ocurrido. Todo lo contrario: la única vez que la provincia de Santa Cruz fue intervenida, sucedió durante un gobierno constitucional, en 1974.
El mandatario derrocado por el gobierno peronista fue el hoy fallecido Jorge Cepernic, ídolo de los Kirchner.
En verdad, el peronismo en el poder liquidó a nada menos que cuatro gobernadores justicialistas. Mendoza fue intervenida por la ley nacional 20.718, que le quitó el cargo a Alberto Martínez Baca.
Vino luego el turno de Santa Cruz, cuando el decreto 1.018 saca del medio a Cepernic. La siguió Salta, intervenida por el decreto 1.579, que eliminó del cargo al gobernador Miguel Ragone. Finalmente, ya en 1975, el gobierno justicialista interviene Misiones con el decreto 109.
Al margen de estas intervenciones, el propio Perón desplazó de sus cargos a los gobernadores Oscar Bidegain de Buenos Aires y Ricardo Obregón Cano de Córdoba.
Todos estos gobiernos, intervenidos desde un Poder Ejecutivo Nacional controlado por el justicialismo, habían sido definidos como "zurdos", o sea influidos por la tendencia revolucionaria del peronismo.
Resulta, así, curioso que la primera mandataria del país finja ignorar ahora la historia de la provincia que ella eligió como propia en 1976 y a la que representó como senadora durante años, ya en democracia.
Tiene que ver esto, hay que decirlo, con la irreprimible tendencia a la improvisación que caracteriza a muchos de sus discursos y declaraciones, pero -además- con otra tentación a la que cede el oficialismo una y otra vez, la que radica en distorsionar y rescribir la historia.
De modo que, con la misma frescura con que redefinieron como "compañero militante" a Osvaldo Papaleo, que la acompañó hasta el golpe de marzo de 1976, ahora han ignorado que Santa Cruz sí fue intervenida, que el destituido fue Cepernic y que los interventores fueron nombrados por un gobierno justicialista.
Todo esto, además, incluye un dato que, si no fuera tan dramático, es hasta tragicómico: quien en 1974 pidió y obtuvo el golpe contra Cepernic fue la madre del actual gobernador Peralta, Nélida Cremona de Peralta, que era una legisladora adicta a José López Rega en aquella época.
El actual gobernador alega que quienes han pedido la intervención federal de Santa Cruz son "golpistas". El pedido de intervención, que no tiene ninguna posibilidad de prosperar, fue mentado por partidos opositores tras la negativa del gobernador actual de reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa, tal como solicitó explícitamente la Corte Suprema de Justicia. Sosa, como se sabe, fue echado en 1995 por Néstor Kirchner porque se metía demasiado en las actividades económicas privadas del entonces gobernador.
Estos trapicheos y manipulaciones, políticas e históricas, se fueron dando en el contexto de una semana en la que el Gobierno tuvo malas noticias desde la central sindical perfilada como esencialmente diferente de la CGT.
En efecto, las elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para renovar sus autoridades fueron un contraste para la lista encabezada por Hugo Yasky, muy cercana al kirchnerismo.
Aunque, como es habitual en la Argentina, los resultados eran cuestionados por ambas listas hasta ayer mismo sábado, todo indica que ganó el sector de Pablo Micheli, que remite ideológicamente a la tradición de Germán Abdala y Víctor De Gennaro y mantiene empatía con Proyecto Sur y fuerte diferenciación del Gobierno.
Al margen de la derrota electoral de los amigos de Kirchner en la CTA, hay un aspecto que corresponde subrayar a propósito de estas elecciones. Central autodefinida como expresión directa de las bases, la CTA se ufana de haber contado con la afiliación directa e individual de 1.200.000 trabajadores. Las cifras del recuento electoral, sin embargo, exhiben un resultado bien escuálido, porque no fueron a votar más de 200.000 personas, una cifra estimada con mucha generosidad, porque desde el grupo de Yasky blanquean apenas 173.000 votos.
La conclusión es inescapable: si la CTA tenía, según sus dirigentes, un millón 200 mil afiliados, quiere decir que fue a votar no más del 16 por ciento del supuesto padrón. Esto expresa que esta experiencia, armada sobre la base de una construcción de un modelo no burocrático y de auténtica participación democrática, exhibe una construcción bastante endeble por ahora, lo cual contrasta con la ruidosa campaña mediante la cual las calles de las ciudades fueron empapeladas con propaganda y los muros pintarrajeados con consignas a favor de cada lista.
Pero a la hora de contar los porotos, solo fueron a votar entre 180.000 y 200.000 de esos fantasmagóricos 1.200.000 afiliados, una radiografía de la indigencia civil argentina. La realidad, en definitiva, con su implacable veredicto. Y la mentira, a la que el país sigue apareciendo tan sometido.
Eso fue lo de menos. Lo más notable es que se preguntaba si alguna vez la provincia sureña había sido intervenida.
Lo primero fue que no supo describir a Santa Cruz como lo que fue hasta el 15 de junio de 1955, cuando la ley nacional 14.408, promulgada por el presidente Juan Perón, la convierte en provincia argentina, un territorio nacional.
La definió como "distrito federal" o "distrito nacional" y ni siquiera mencionó que fue Perón el que la hizo provincia, pero lo notable es que, además, afirmó que Santa Cruz nunca había sido intervenida como provincia.
Insegura, lo miró en búsqueda de aval al pintoresco gobernador Daniel Peralta, que -naturalmente- acató en silencio, aceptando que tal intervención nunca había ocurrido. Todo lo contrario: la única vez que la provincia de Santa Cruz fue intervenida, sucedió durante un gobierno constitucional, en 1974.
El mandatario derrocado por el gobierno peronista fue el hoy fallecido Jorge Cepernic, ídolo de los Kirchner.
En verdad, el peronismo en el poder liquidó a nada menos que cuatro gobernadores justicialistas. Mendoza fue intervenida por la ley nacional 20.718, que le quitó el cargo a Alberto Martínez Baca.
Vino luego el turno de Santa Cruz, cuando el decreto 1.018 saca del medio a Cepernic. La siguió Salta, intervenida por el decreto 1.579, que eliminó del cargo al gobernador Miguel Ragone. Finalmente, ya en 1975, el gobierno justicialista interviene Misiones con el decreto 109.
Al margen de estas intervenciones, el propio Perón desplazó de sus cargos a los gobernadores Oscar Bidegain de Buenos Aires y Ricardo Obregón Cano de Córdoba.
Todos estos gobiernos, intervenidos desde un Poder Ejecutivo Nacional controlado por el justicialismo, habían sido definidos como "zurdos", o sea influidos por la tendencia revolucionaria del peronismo.
Resulta, así, curioso que la primera mandataria del país finja ignorar ahora la historia de la provincia que ella eligió como propia en 1976 y a la que representó como senadora durante años, ya en democracia.
Tiene que ver esto, hay que decirlo, con la irreprimible tendencia a la improvisación que caracteriza a muchos de sus discursos y declaraciones, pero -además- con otra tentación a la que cede el oficialismo una y otra vez, la que radica en distorsionar y rescribir la historia.
De modo que, con la misma frescura con que redefinieron como "compañero militante" a Osvaldo Papaleo, que la acompañó hasta el golpe de marzo de 1976, ahora han ignorado que Santa Cruz sí fue intervenida, que el destituido fue Cepernic y que los interventores fueron nombrados por un gobierno justicialista.
Todo esto, además, incluye un dato que, si no fuera tan dramático, es hasta tragicómico: quien en 1974 pidió y obtuvo el golpe contra Cepernic fue la madre del actual gobernador Peralta, Nélida Cremona de Peralta, que era una legisladora adicta a José López Rega en aquella época.
El actual gobernador alega que quienes han pedido la intervención federal de Santa Cruz son "golpistas". El pedido de intervención, que no tiene ninguna posibilidad de prosperar, fue mentado por partidos opositores tras la negativa del gobernador actual de reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa, tal como solicitó explícitamente la Corte Suprema de Justicia. Sosa, como se sabe, fue echado en 1995 por Néstor Kirchner porque se metía demasiado en las actividades económicas privadas del entonces gobernador.
Estos trapicheos y manipulaciones, políticas e históricas, se fueron dando en el contexto de una semana en la que el Gobierno tuvo malas noticias desde la central sindical perfilada como esencialmente diferente de la CGT.
En efecto, las elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para renovar sus autoridades fueron un contraste para la lista encabezada por Hugo Yasky, muy cercana al kirchnerismo.
Aunque, como es habitual en la Argentina, los resultados eran cuestionados por ambas listas hasta ayer mismo sábado, todo indica que ganó el sector de Pablo Micheli, que remite ideológicamente a la tradición de Germán Abdala y Víctor De Gennaro y mantiene empatía con Proyecto Sur y fuerte diferenciación del Gobierno.
Al margen de la derrota electoral de los amigos de Kirchner en la CTA, hay un aspecto que corresponde subrayar a propósito de estas elecciones. Central autodefinida como expresión directa de las bases, la CTA se ufana de haber contado con la afiliación directa e individual de 1.200.000 trabajadores. Las cifras del recuento electoral, sin embargo, exhiben un resultado bien escuálido, porque no fueron a votar más de 200.000 personas, una cifra estimada con mucha generosidad, porque desde el grupo de Yasky blanquean apenas 173.000 votos.
La conclusión es inescapable: si la CTA tenía, según sus dirigentes, un millón 200 mil afiliados, quiere decir que fue a votar no más del 16 por ciento del supuesto padrón. Esto expresa que esta experiencia, armada sobre la base de una construcción de un modelo no burocrático y de auténtica participación democrática, exhibe una construcción bastante endeble por ahora, lo cual contrasta con la ruidosa campaña mediante la cual las calles de las ciudades fueron empapeladas con propaganda y los muros pintarrajeados con consignas a favor de cada lista.
Pero a la hora de contar los porotos, solo fueron a votar entre 180.000 y 200.000 de esos fantasmagóricos 1.200.000 afiliados, una radiografía de la indigencia civil argentina. La realidad, en definitiva, con su implacable veredicto. Y la mentira, a la que el país sigue apareciendo tan sometido.
Fuente: Pepe Eliaschev (@peliaschev)
No hay comentarios:
Publicar un comentario